Andrés Piqueras participó en las terceras jornadas medimigra. Este es el enlace de la entrevista realizada por el diario de mallorca.
Medimigra
martes, 19 de julio de 2011
DEBATE POSTERIOR A LA CONFERENCIA “CONFUSIÓN DE LENGUAS EN LA UNIÓN EUROPEA”.
Joan AMER: Después de hablar del papel actual de las socialdemocracias europeas y el abandono de sus valores y de la ineficacia de la llamada “Tercera vía” frente a la globalización neoliberal financiera, ¿en qué lugar quedan los partidos políticos que estarían a la izquierda de las socialdemocracias?, ¿qué papel juegan los nuevos movimientos sociales en el contexto de la crisis como el movimiento 15-M o las huelgas en Grecia?
Bernat RIUTORT: La izquierda de la socialdemocracia en la Unión Europea es muy diversa y tiene poca solidez, falta un ámbito de consolidación.
En los años previos al 2000 había más estados socialdemócratas que gobernados por la derecha, pero en el 2011 sólo son 5 de los 27: Portugal, Grecia, España, Eslovenia y Chipre.
La política es impotente y se aleja de la población, de aquí el surgimiento de movimientos como “Democracia real, ya!” que es un movimiento ni político ni apolítico que critica la democracia y la política que no se hace.
Respecto a Grecia, sólo representa el 2,5 % del PIB europeo y, por tanto, no importa demasiado. Alemania, convertida en la base de la economía europea y en el centro de dos bloques: los países excomunistas y la eurozona, se desentiende de los problemas de Grecia (y del norte de África) por tener la mentalidad de que Alemania ha hecho las cosas bien y que no tiene el deber de rescatar a otros que no lo han hecho y también para evitar que sirva de precedente. Otros países como Gran Bretaña, juegan de los dos bandos sin llegar a intervenir.
Por otro lado, el Parlamento europeo no refleja un poder real porque prevalecen los intereses individuales de cada Estado y se reafirma al conservadurismo neoliberal alemán.
Marc MORELL: En este contexto, ¿qué importancia tiene la Declaración de Barcelona de acción en la zona MEDA (zona sur y oriental del mediterráneo)?
Bernat RIUTORT: Como proyecto, la Declaración de Barcelona está en stand-by porque cada vez más han imperado los beneficios e intereses económicos. Por eso el título “Confusión de lenguas”, en relación al poco entendimiento europeo y la poca consolidación. El proyecto de Barcelona debería haber cuestionado el sistema de autocracias de estos países (que pedían que les dejaran gestionar sus propios Estados sin intervención europea) y, al mismo tiempo, impulsar y apoyar los movimientos de la sociedad civil.
Francia rechaza la iniciativa española porque se consideran los amos del norte de África, a Alemania no le interesa porque considera que le es algo lejano, Gran Bretaña tiene sus propias políticas e Italia juega a no posicionarse seriamente. El resto de países no tienen el suficiente poder para lanzar un proyecto común europeo. Tendría que ponerse en marcha un proyecto común y hacerse un uso de Parlamento europeo de una forma democrática.
Alexandre MIQUEL: Es evidente la pérdida de peso de los Estados y las posturas individuales en relación a la “primavera árabe” (los movimientos de Túnez, Egipto y Libia), así como una ruptura de la conciencia de clase, la ontologización del trabajo y la etnización del trabajo no sólo de inmigrantes extracomunitarios sino también desde otros países de Europa como los anteriormente mencionados PIIGS.
Respecto a los movimientos sociales, hay que mencionar que el discurso desde dentro del movimiento 15-M no toca el tema de la inmigración y resaltar, por otro lado, la importancia de los movimientos ecologistas que cuestionan las inmersiones capitalistas en el norte de África y cómo influye en el cambio o la pérdida de las remesas y la relación de la inmigración con los países de origen en el contexto de la crisis.
Por otro lado, los Estados se han neoliberalizado y han pasado el poder al capital, la privatización y la desregulación del capital han influido en la desregulación y privatización del mercado de trabajo y el consecuente maltrato a los sindicatos y a los partidos socialdemócratas. La UE no es un Estado, ni un Estado de Estados. Pero sí es un conjunto de instituciones, que no funcionan de manera democrática y que les permiten una autonomía a los países para hacer lo que quieran. Así, se ha constituido una Europa intergubernamental con tres países poderosos y dominantes, de manera que el resto de países aspiran a su reconocimiento y a su inversión. Por tanto, no es una unión europea.
Andrés PIQUERAS: Existe una relación entre el Estado, el Superestado y la migración. El carácter de clase del Estado hace que se abandone el compromiso keynesiano con la población. Fracasa también el superestado y el supraestado a causa de las contradicciones de Alemania por tener interés en que la UE no se rompa y luchar por el euro y, al mismo tiempo, no tener interés en aspectos sociales comunes. Todo esto implica la debilidad del mismo sistema. El sistema es incapaz de transformar el dinero en capital y de transformar población en asalariados debido a la debilidad de un sistema que es caduco.
Bernat RIUTORT: Estamos asistiendo a una lenta implosión de la UE con Alemania como poder hegemónico que no le interesa la desaparición de la misma pero tampoco una unión real ya que prefiere mantener el poder que tiene y quiere, por tanto, que siga todo igual. El resto de países y las socialdemocracias no hacen nada porque no se enteran.
Andrés PIQUERAS: A parte de esto se está construyendo la imagen de “el vago del sur” que repercute negativamente en la imagen de los países del mediterráneo y en sus relaciones con el norte de Europa.
lunes, 18 de julio de 2011
III JORNADAS MEDIMIGRA
La crisis de la inmigración en el centro de la crisis.
1, 2, 3 - 06 - 2011
EDIFICIO LA RIERA
PALMA DE MALLORCAConferencia Inaugural; “Confusión de lenguas” en la Unión Europea
Bernat Riutort Serra
Universitat de les Illes Balears
Terceras Jornadas Medimigra, 1-3 de junio del 2011
La construcción de la Unión Europea y de la Zona Euro desde los Tratados de Maastrich de 1991 hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2010 -sobresaltos notables aparte- ha seguido una virtual “hoja de ruta” diseñada de acuerdo a los designios de las fracciones financiero-corporativas de las grandes áreas monetarias europeas, la de la libra y la del euro, coincidentes en un objetivo básico, formar un mercado europeo unificado, liberalizado y desregulado. Para lo cual, negociación tras negociación entre sus estados, se han ido perjeñando los sucesivos compromisos que han conducido al actual régimen institucional europeo.
Tales negociaciones se realizaron bajo la dirección de tres grandes estados de la Unión que ejercen el papel de jugadores estratégicos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. El primero de ellos fijó en Maastrich las lineas rojas fiscales y sociales neoliberales para las instituciones de la UE y, desde entonces, ha tenido por objetivo garantizar para la City su desempeño de plaza financiera privilegiada entre la economía norteamericana y la europea. Los otros dos estados creaban una zona monetaria europea. La matriz económica de tal eurozona se concibió bajo la rígida disciplina monetarista impuesta por Alemania, encarnada en dos instituciones, el Banco Central Europeo y la Moneda Única, y el Plan de Estabilidad y Crecimiento, hecho a la medida de la concepción liberal-conservadora de su gran capital financiero-corporativo y de su exigencia de estabilidad económica para el proceso de unidad de Alemania en un Estado, convertido en el más rico y poblado de la UE. En esta negociación Francia jugaba a la defensiva, a la zaga de Alemania, marcando como interés propio reforzar el carácter intergubernamental del sistema comunitario de tomar decisiones -flaco servicio a la construcción europea reforzar el sistema de frenado hasta casi bloquear el movimiento, al mismo tiempo que se rebaja la potencia del motor y se cede la dirección a otro grande. Además, la incorporación a la UE de los estados “exsocialistas” del Este y el Centro ofrecía a la Alemania unificada un espacio de influencia privilegiado; Alemania se convirtía así en centro de dos grandes zonas económicas, la eurozona y las economías “exsocialistas” y, como consecuencia, en la gran potencia económica de la UE.
Carencias de legitimación del actual marco institucional.
El Tratado de Lisboa se aprobó por los parlamentos de los estados eludiendo la participación ciudadana en referendum, dando por hecho que de no ser así no se aprobaría -destino del antecesor Tratado Constitucional Europeo. Sin embargo, la Constitución irlandesa impedía su aprobación por mayoría parlamentaria, razón por la que se realizó un referendum cuyo resultado fue negativo. No obstante, la enorme presión sobre los irlandeses de sus fuerzas económicas y sus partidos mayoritarios forzó la repetición del referendum y la reversión del resultado.
Desde enero del 2010 el Tratado de Lisboa rige el marco institucional común para los ventisiete estados de la UE, no obstante, en quince meses el nuevo Tratado y las instituciones comunes han sido desbordas y modificadas en varias ocasiones con el objeto de enfrentar los problemas generados por la crisis económica bajo la iniciativa del Consejo, la Comisión y del Banco Central Europeo. Por regla general, hasta ahora, las medidas tomadas por las instituciones y estados europeos han presentado una secuencia en dos actos. El primero ha consistido en garantizar la salvación del sistema financiero en su conjunto inyectándole tanta liquidez como necesitaba, evitando cargarle las malas consecuencias económicas de sus riesgos aduciendo que es demasiado grande para quebrar, asumiendo las instituciones públicas el grueso de las pérdidas financieras privadas. En el segundo, los estados europeos han sido obligados bajo fuertes presiones de los “mercados” financiero-corporativos a reducir el elevado endeudamiento adquirido como un efecto de las intervenciones para salvarlos, para lo cual han sido constreñidos a retirar los estímulos a la economía y contraer su gasto social para sus respectivas ciudadanías.
Como consecuencia, la desafección ciudadana respecto a la política y a las instituciones europeas ha aumentando todavía más que antes de la entrada en vigor del Tratado sin que desde la dirección político-económica de la Unión se haya prestado atención a esta circunstancia. La dirección de la UE que reside en el Consejo, la Comisión y el Banco Central Europeo, ha actuado y actúa como si, tanto la legitimación, como la democracia, fuesen un asunto en exclusiva de los estados-nación y fuesen ajenas a las instituciones de “gobernanza” de la UE -presentadas como sistemas expertos de gestión cuya legitimidad les es conferida por los estados. Lo que contribuye a incrementar más aún su distancia con respecto a las ciudadanías que las perciben, correctamente, como plutocracias cuyas normas e intervenciones socavan los derechos sociales y devalúan el sentido de la democracia en los estados.
Suma de reveses y cadena de estropicios.
Durante el año y cinco meses de vigencia del nuevo marco normativo la dinàmica desencadenada por la crisis económica iniciada en septiembre del 2008 en las economías y las sociedades que forman el espacio europeo ha hecho crugir sus resortes hasta el punto que: i) En la Zona Euro ha tensado al límite el encaje en el espacio monetario común de algunos de los diecisiete estados miembros. Sus tres eslabones económicos más débiles, Grecia, Irlanda y Portugal, han sido obligados a aceptar la intervención económica de la Unión y del FMI. Además, ha llevado al borde de la intervención a un eslabón más grande, complejo y resistente, España, estando a punto de alcanzar dicha frontera otros dos estados, Italia y Bélgica. Por otra parte, ii) algunos de los estados recien incorporados a la Unión Europea han sufrido dramáticamente la crisis económica en su tejido social y económico, siendo intervenidos por el FMI a instancias de la Comisión, ósea, obligados a adoptar drásticas terapias de choque neoliberal que los han sumido en procesos de fuerte depresión económica con enormes costes demográficos y sociales. Entre tales estados destacan los tres bálticos, en especial, Letonia, y otros dos estados del Centro de Europa, Hungría y Rumanía, obligados por el FMI a aceptar sendas terapias de choque como único “remedio”. iii) El otro gran jugador estratégico de la Unión, Gran Bretanya, con su área monetaria y muy alto grado de financiarización de su economía, ha sufrido las consecuencias de la supercrisis financiera hasta el punto que el impacto en las cuentas públicas de la absorción de su enorme deuda privada ha generado un gran déficit público que el nuevo Gobierno conservador-liberal afronta con drásticos planes de recortes del gasto público que paralizan el leve crecimiento económico generado por los estímulos del anterior Gobierno Laborista. En tales circunstancias cabe augurar un prolongado estancamiento económico y un persistente desempleo.
Las tribulaciones de la Zona Euro.
En la Zona Euro, la más avanzada del proceso de integración económica europea, como consecuencia colateral de la actual crisis económica, la moneda única pasó de garantizar la estabilidad monetaria de sus economías, asociada con la liquidez abundante y los bajos tipos de interés que propiciaron la inversión especulativa en valores y en activos inmobiliarios y, asimismo, en algunas de estas economías, un crecimiento económico basado en dicho motor, a ser una trampa que dificultaba a tales economías la resolución de sus graves problemas, pues, entre otras cosas, las economías fuertemente endeudadas no podían, ni pueden, devaluar su propia moneda con el objetivo de recuperar competitividad y rehacer su desequilibrada balanza exterior.
Ello es así en las economías que conjugan mayor frágilidad y endeudadamiento; las de Grecia, Irlanda y Portugal. Al estallar la crisis Grecia y Portugal arrastraban problemas derivados de un débil crecimiento y un fuerte endeudamiento, al reducirse con la crisis los ingresos y colapsar la posibilidad de financinanciación exterior se disparó su deuda y no se podía acudir a más endeudamiento para hacer frente a los plazos del servicio de la deuda. En Irlanda, “el Tigre Celta”, el modelo neoliberal de éxito económico de las dos últimas décadas, alumno destacado en liberalización, privatización, desregulación y baja imposición a los capitales, sumergida en la especulación financiero-inmobiliaria, al estallar la crisis, tenía una deuda privada que superaba el PIB anual del país; la pirámide especulativa del endeudamiento privado arruinaba el conjunto de su economía. Así, en plena recesión económica, secado el crédito exterior, con abultadas deudas privadas, los gobiernos de Grecia, Irlanda y Portugal, presionados por sus respectivos bloques dominantes y por las instancias de poder económico-político europeas e internacionales, optaron por garantizar los compromisos de pago de sus bancos con el fin de evitar el colapso financiero de la mayoría de sus bancos, empresas y particulares que, a su vez, provocaría un inmediato gran estropicio en el sistema financiero europeo que repercutiría en el internacional. Además, dadas las circunstancias provocadas por la crisis, rápidamente, en los tres estados se reducía su capacidad de recaudación mientras aumentaban aceleradamente la necesidades y los gastos sociales, así, el problema de la deuda se trasladaba a los respectivos estados, es decir, sus ciudadanías serían las principales perjudicadas.
El Reyno de España, con el 12’6 % del PIB de la UE , el doble que el que suman las tres economías antes consideradas, con el mayor crecimiento económico entre las cinco mayores economías de la Unión en los tres lustros que antecedieron a la crisis, cuando la elevada liquidez y el crédito barato estimulaban este plus de crecimiento basado en el tirón del sector inmobiliario y en el consumo interno, el parón de la financiación exterior provocado por la crisis planteó un grave problema de solvencia a las entidades que financiaron el boom inmobiliario y a las empresas y los particulares que se endeudaron en exceso. La recesión de la economía real realimentaba el proceso, aumentaban la morosidad y los problemas; caída del empleo al 21 %, deuda excesiva de las empresas y particulares, caída de la recaudación del Estado, aumento de los gastos sociales, crisis de las cajas de ahorros, paralisis del crédito, etc., Lo que aumentaba el déficit público en relación al PIB; de un superavit del 2% antes de la crisis pasó dos años después a un déficit del 11 %. Sin embargo, la deuda pública española era la menor entre las grandes economías europeas, un 60%. En este contexto, el Consejo, la Comisión y el BCE, dirigidos por Alemania, como condición no negociable para mantener su estatus económico en la eurozona forzaron al Gobierno Socialista de España a aplicar un duro plan de estabilización que contravenía sus anteriores políticas. Las consecuencias de esta política para la economía española son y serán un débil crecimiento durante el próximo lustro.
En cuanto a Italia, la cuarta gran economía europea, aunque no participó en la misma medida que las economías española o irlandesa en el boom inmobiliario y consumista, sufrió el fuerte impacto de la crisis económica. Durante tres lustros tuvo el menor crecimiento de la UE, no llegó al 2% de media en dicho período, así las cosas, con el consumo interno estancado, dependía del crecimiento del sector exterior que sufrió una fuerte contracción, dado el efecto conjunto de la menor demanda provocada por la crisis y la fuerte expansión de las nuevas economías industriales que competían con la italiana. Los problemas no abordados de productividad y competitividad relativos de la economía italiana, la gran corrupción y burocratización de sus administraciones y el clientelismo desatado del régimen berlusconiano, arrastrando la segunda deuda estatal más alta de la Unión -de un 120% del PIB, paralizan su capacidad de reacción ante los efectos de la crisis.
Las economías europeas con una deuda muy abultada, entendiendo por ésta la suma de la deuda privada y la deuda publica, sin una política fiscal común para el conjunto de la Zona Euro capaz de atender sus necesidades financieras, atadas por la disciplina monetaria del euro fuerte impuesta por el Banco Central Europeo, han topado con el siguiente trilema; i) o, buscar financianciación en los mercados emitiendo bonos del Estado; ii) o, reconcer la incapacidad de pagar su deuda, planteando la necesidad imperiosa de reestructurarla; iii) o, salida de la eurozona de aquellos estados incapaces de pagar su deuda. Dadas las fuertes presiones y pronósticos apocalípticos lanzados desde las instituciones económicas europeas e internacionales en el caso de optar por una de las dos últimas decisiones se las ha empujado a tomar la primera opción. Los bloques de poder de las economías más endeudadas de la Zona Euro la han adoptado como el “mal menor”, cayendo en las fauces de los tiburones financieros de la especulación -en el lenguaje del estasblishment, los “mercados”- siendo forzados a endeudarse a unos tipos de interés mayores cuanta más necesidad de liquidez tenían, osea, mucha más renta para los escualos, una senda que realimenta la dinàmica perversa por la que se han precipitado los citados países.
Por otra parte, encabezando a los países ricos, Alemania se ha negado y se niega a considerar la creación de un fondo europeo de solidaridad que evite a los países con fuertes problemas de deuda de la Zona Euro la entrada en la escalada del incremento de los tipos de interés de sus bonos del Tesoro, aduciendo que al ser la economía más rica debería aportar más, lo que tendría el efecto perverso de premiar a las economías que se han permitído desmesuradas alegrías cuando los alemanes se ajustaban el cinturon, olvidando que sus propios bancos participaban del festín -son sus acreedores más importantes- y su industria les vendía ingentes cantidades de bienes de alto valor añadido, eso sin asumir el papel de locomotora económica de la eurozona, como prueba el gran desequilibrio de las respectivas balanzas de pagos de estas economías con la alemana.
No obstante, cuando las economías con problemas alcanzaron el umbral que pone en peligro a las entidades acreedoras de los países ricos de la Unión, Alemania y Francia propusieron al Consejo, la Comisión y al BCE, un fondo de estabilidad -insuficiente y condicionado, con la aportación complementaria del FMI, para apoyar a los países de la Zona Euro con grandes deudas. Estos países, a cambio de la concesión de dichas “ayudas” del fondo de estabilidad, han sido intervenidos por la UE, siendo obligados a aplicar durísimas medidas de “consolidación fiscal” que exigen sangrantes reducciones en sus cuentas públicas, privatizaciones de sus mejores activos públicos, reducciones en la cantidad de funcionarios, fuertes recortes en las prestaciones sociales e importantes reducciones salariales. El objetivo es garantizar el servicio de la deuda de estos países contraída con los bancos, alemanes, franceses, ingleses y holandeses, a los que se agregan los españoles en el caso portugues. En estas circunstancias el grueso del beneficio generado por dichas economías en la próxima década deberá destinarse a saldar la cuenta pendiente con el sistema financiero europeo que impedirá estimular su dinámica inversora, provocando un período de estancamiento de larga duración. Mientras tanto el sistema financiero “europeo” sacará pingües beneficios de la situación – eso. si no se rompe la baraja.
Políticas de poder y derivas discursivas.
La interpretación conservadora-neoliberal de la crisis de la deuda en la Zona Euro desde la dirigencia de los países ricos, Alemania, Francia, Holanda, Austria y Finlandia, prohibe los préstamos del BCE a los estados necesitados a intereses razonables para que puedan pagarlos a partir de los beneficios generados por el crecimiento -de hecho, esta perstiva restrictiva está incluida en la normativa del Tratado de Lisboa. Al contrario, esta interpretación ensalza el craso interés egoísta en el corto plazo del sector financiero y destila desden por los “otros”, es decir, las economías europeas urgidas por la necesidad de créditos agrupadas en la actualidad bajo las iniciales inglesas de estos países, PIIGS, eso sí, contando con la tonta admiración de los bloques dominantes de los países afectados.
Así: i) ha imperado el interes inmediato del gran capital financiero-corporativo por garantizar el pago de la deuda soberana de estas economías sin reparar en los enormes costes económicos, sociales y políticos que ocasiona a los “PIIGS”; ii) ofrece la oportunidad al bloque dominante de la Europa rica de imponer duras políticas neoliberales a los estados de los países endeudados y de amoldar sus economías e instituciones a los designios de las elites de los países ricos, desmantelando de paso las posiciones de las fuerzas populares y sindicales que resisten residualmente; iii) consolida la hegemonía conservadora-neoliberal en la eurozona, mientras arrastra a las “socialdemocracias” de la “Tercera Vía” al agujero negro del mimetismo con las políticas neoliberales que desactivan sus bases sociaes, políticas y culturales; iv) esta concepción conservadora-neoliberal hegemónica clausura el potencial crítico del discurso; “no hay alternativa” se convierte en el sentido común de los europeos acabando con la herencia crítica que anidaba en la ilustración y en los movimientos emancipadores.
La política euro-mediterránea.
Desde que finalizaron los procesos de liberación nacional y de descolonización en el Norte de África, el Oriente Mediterráneo y la Península Arábiga, la relación de los estados de dichas zonas con los estados europeos “vecinos” se sostenía en el estatus quo de intereses económicos y geoestratégicos en el que una parte no cuestionaba la política de la otra. Por el contrario, ambos lados se apoyaban haciendo un ejercicio de cruda realpolitik - excepto algún caso puntual. Por otra parte, en esta relación, el enquistado conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino, con gran repercusión en la zona, era apartado “discretamente” por los estados europeos pues los Estados Unidos no aceptaba interferencias en un tema considerado crucial para su seguridad.
Los estados europeos al establecer acuerdos con estados mediterráneos del Sur y el Oriente han perseguido sus respectivos intereses, a menudo opuestos y en competencia entre sí, sin inportar el régimen con el que establecían acuerdos, mientras tanto, los autócratas de estos estados favorecían los intereses de las elites económicas de los estados europeos y jugaban con sus diferencias para obtener posiciones de favor en la UE con respecto a los otros estados del Sur y el Oriente Mediterráneo. En este contexto la UE no ha diseñado una estrategia para la zona. El intento de construir un marco institucional de reflexión y cooperación entre estados ribereños del Mediterráneo propuesto en los Acuerdos de Barcelona ha permanecido en stand bay, dada la diversidad de intereses de los estados de la UE: los intereses hegemónicos de Francia no veían con buenos ojos el papel que España pretendía desempeñar; Alemania desconfiaba, podía escorar la política exterior europea hacia la vertiente Sur, siendo que le interesada la política hacia el Este y Rusia; Gran Bretaña se interesaba por continuar sin interferencias sus privilegiadas relaciones bilaterales con ciertos estados del Oriente Mediterráneo en el marco geoestratégico ofrecido por los Estados Unidos; Italia hacía “como si” colaborase en las propuestas conjuntas mientras se afanaba por estrechar sus relaciones bilaterales “muy especiales”; los otros países de la Unión no consideraban las relaciones con los estados de la zona entre sus prioridades.
El factor común de las políticas de los estados europeos en la zona ha sido contemporizar con las autocracias corruptas y autoritarias de los estados con tal de realizar negocios, contribuyendo a su legitimación. Durante la globalización la relación económica se ha intensificado; gas, petróleo, turismo, manufactura -vía deslocalización productiva, finanzas, etc., Por otra parte, desde los comienzos del nuevo milenio el miedo a la emigración masiva procedente de esta poblada zona y el fantasma del islamismo radical recorren Europa. Ambos síndromes han sido aventados y utilizados políticamente por las derechas europeas para acentuar el control ciudadano y promover los discursos xenófobos y reaccionarios entre su población “autóctona”. Con semejante estado de ánimo de las opiniones públicas europeas las autocracias han sido presentadas por el poder político-mediático europeo como garantes del orden y de los intereses europeos. No obstante, se ignoraban las necesidades más perentorias de las poblaciones del Sur y el Este Mediterráneo y las corrientes subterráneas en sus sensibilidades. En Europa el relato hegemónico sobre tales sociedades giraba en torno al secular e incorregible atraso, el tradicionalismo recalcitrante y la fanática religiosidad de su población que les impedía formar sociedades civiles, modernizar su cultura y democratizar la política. El relato no dejaba resquicio al análisis contrastado de tales sociedades y estados; se debían aceptar “como eran”.
El “supuesto” marco para una política exterior europea.
El pilar exterior y de seguridad europeo diseñado en Maastrich fue superado de inmediato por las guerras de los balcanes en los noventa; cada estado de la Unión se posicionó por su cuenta. Al final fue la intervención de los Estados Unidos bajo el paraguas de la OTAN la que definió la situación y, colateralmente, recondujo la potencial política exterior y de seguridad europea hacia el cauce de la Alianza Atlántica, es decir, fuera de la UE. La segunda guerra de Irak volvió a poner a prueba la capacidad de una tal política europea y de nuevo fracasó; la Unión salió dividida en dos bloques, uno favorable a las tesis neoconservadoras sobre el “eje del mal” y “las intervenciones preventivas”, la otra posicionada con la legalidad internacional. El esfuerzo realizado por los defensores europeos de esta última para mantener sus posiciones frente a la brutal presión para abandonarlos de la Administración Bush y de los primeros, a pesar de contar con el apoyo mayoritario de las ciudadanías europeas, los dejó exaustos y, lentamente, contemporizaron en el marco de la OTAN con las posiciones de los norteamericanos. El renovado supuesto intento de establecer un marco institucional para una política exterior y de seguridad en el actual Tratado de Lisboa ha llegado muy debilitado, minimiza la posibilidad de la misma; no pasa de racionalizar los servicios de las embajadas y de crear la figura del Alto Representante de la UE que carece de poder real. De hecho, se impone el nacionalismo estatal y el intergubernamentalismo en la toma de decisiones de la UE en política exterior y de seguridad. La respuesta dada por la UE al actual conflicto en el Sur y el Este del Mediterráneo pone de relieve la total carencia de una política europea para la zona y la disonancia de intereses entre los estados europeos.
Sorpresa y desconcierto.
Cuando en enero estalló la insurgencia en las calles tunecinas y se extendió por las egipcias una realidad desconocida emergía con inusitada vitalidad, un movimiento plural y democrático catalizaba las sentidas frustraciones y aspiraciones de sus poblaciones. Con grandes dificultades y riegos el movimiento desestabilizó ambos régimenes y sitúo el cambio político en la senda democrática sobre la cual, sin duda, se ciernen grandes peligros, pero, también, posibilidades. Mientras tanto, prendía la mecha de la insurgencia entre argelinos, libios, yemenies, barheimies, sirios, marroquies, jordanos, saudies y palestinos. Las autocracias temblaban ante el cuestionaniento de sus privilegios y la proliferación de demandas democráticas.
Lo que descartaba el discurso hegemónico en la Unión emergía y desvelaba el error de atribuir a todas las poblaciones un imaginario colectivo antimoderno e islamista radical. Por otra parte, descubría el interes de los bloques de poder de ambas zonas en la difusión de esta concepción hegemónica; en ella los estados europeos justificaban su colaboración con las autocracias y estas se presentaban como necesarias para Europa.
De pronto, los movimientos insurgentes presentan un plural y complejo mosaico social de jóvenes, mujeres, trabajadores, comerciantes, artesanos, licenciados, funcionarios, intelectuales, religiosos, etc., con sus inquietudes, sus necesidades y aspiraciones – y, no están dirigidos por barbudos islamistas radicales. El rechazo de las subidas de los productos básicos, las demandas de dignidad individual, el desempleo masivo de los jóvenes, la indignación por la corrupción generalizada, las demandas de libertad de expresión, el rechazo a la omnipresente represión polícial, la expresión de la voluntad democratica, etc., son los motores de estos movimientos, afines con los movimientos emancipadores occidentales.
La efervescencia de esta realidad cogió desprevenidos a los gobiernos europeos y a la UE. Al comienzo los minusvaloraron; sus reflejos bloquearon la reacción y reafirmaron los acuerdos con los gobiernos autócratas, condicionados por el relato hegemónico y los intereses establecidos. No obstante, el fuerte impacto de los acontecimientos y la creciente presión de las opiniones públicas europeas que contemplaban admiradas la firmeza democràtica de las poblaciones y el elevado riesgo asumido por la insurgencia al manifestarse pacíficamente ante los temibles aparatos represivos de los respectivos estados hizo mella en la pasividad de los gobiernos europeos que pasaron a valorar los movimientos populares y a buscar salidas con los gobiernos autócratas, pero la cerrazón de estos a aceptar las demandas populares obturaba esta vía. En Tunez y Egipto la resistencia popular en la calle precipitó la destitución de los respectivos presidentes y sus gobiernos por sus fuerzas armadas y la aceptación de la transición a la democracia tutelada por los estados mayores – con el visto bueno de los Estados Unidos.
La contarrevolución pasa a la ofensiva.
Libia se adentraba por la misma vía, no obstante, para cortar drásticamente este proceso Gadafí desató la represión militar contra los manifestantes proclamando estar dispuesto a mantener el régimen al precio en vidas humanas que fuese. Los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, presionados por sus opiniones públicas, pretendieron dejar atrás su colaboración con el régimen y situarse al lado de los insurgentes. El Gobierno español simpatizaba con esta posición pero asumía un perfil bajo. El Gobierno italiano apelaba a la “amistad” de su Presidente con el Lider de la yamahiriya libia para mediar en la situacción. El Gobierno alemán se mantenía pasivo ante unos acontecimientos considerados alejados de su interés. La UE, sin competencias para coordinar la política exterior, se limitaba a las declaraciones retóricas y a la asistencia a reuniones en las que ejercía de actor secundario -a pesar de la recién estrenada figura de la Alta Representante de la Unión Europea en política exterior del Tratado de Lisboa. Con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la cobertura de la OTAN y de una coalición de estados europeos y algunos árabes, Francia, Gran Bretanya y los Estados Unidos han establecido una zona de exclusión aérea en Libia cuyo fin es evitar los bombardeos aéreos de Gadafi sobre las poblaciones rebeldes incapacitadas para resistir ataques desde el aire, resultando de ello un escenario de guerra civil en tierra. Mientras tanto Berlusconi amagaba con estar en ambos lados hasta que, sin margen de maniobra, se situó del lado de la alianza. Por su parte, Alemania votando en blanco en el Consejo de Seguridad la resolución sobre la zona de exclusión se desentendió una vez más de la política hacia el Sur del Mediterráneo.
Con la movilización popular extendiéndose a Barheim, Yemen, Argelia, Marruecos o Siria, aleccionadas por los acontecientos anteriores, las respectivas autocracias reccionaron con terribles represiones contra sus poblaciones manifestantes. Pero, en este caso, el compromiso de la UE y de sus estados con las movilizaciones y las demandas democráticas de las poblaciones insurgentes se ha limitado al anuncio de sanciones económicas y diplomáticas a algunos de los gobiernos represores y a realizar declaraciones democráticas, mostrando las contradicciones y los limites de la política geoestratégica europea en el exterior; la capacidad de persuasión y de presión de los gobiernos europeos, y de la UE, ha colmado su capacidad y su voluntad en el arenoso territorio libio.
La inmigración; algunas notas.
La globalización neoliberal financiarizada supuso; i) la formación de una nueva estructura social de acumulación que transformó la división internacional del trabajo y; ii) la aparición en el escenario global de masivos desplazamientos de poblaciones desde las semiperiferias y las periferias del capitalismo hacia los centros, así como masivos desplazamientos entre las periferias y semiperiferias en el seno de las macroregiones globales.
Por supuesto, en la era global, la construción europea también ha experimentó tal dinámica. Por una parte, como consecuencia de la implosión de las economías exsoviéticas y la transformación de estas a la globalización capitalista, a través de brutales terapias de choque neoliberal, se desencadenaron grandes movimientos de emigrantes de estos países hacia los países de la UE. Por otra parte, la pobreza crónica de las semperiferias y de las periferias africanas, asiáticas y latinoamericanas se agravó con la globalización neoliberal, a lo que se agregaba el gran crecimiento demográfico en estas áreas y mayores posibilidades técnicas y sociales para desplazamientos legales e ilegales, la consecuencia fue la puesta en marcha de un persistente y masivo efecto migratorio hacia los países europeos las líneas del cual tenían que ver con las antiguas relaciones coloniales, los procesos de crecimiento de las economías de los centros europeos y la mayor o la menor tolerancia a la emigración que otorgaban las legislaciones. Las sucesivas oleadas de inmigrantes de la era global hacia los centros europeos incorporaban así nuevos contingentes de inmigrantes a las anteriores oleadas, “integradas” según los modelos de recepción de los respectivos estados que contaban con segundas y terceras generaciones.
En 1985 la Unión Europea arbitró un marco legislativo, los acuerdos de Schengen, incorporados al cuerpo comunitario en los Tratados de Amsterdam y en el Tratado de Lisboa, que desde el núcleo incial de estados se ha asumido por la mayoría de los estados de la Unión, excepto por Gran Bretaña e Irlanda, incorporado a terceros países, Liehestein, Islandia, Noruega y Suiza, al que no han entrado por incumplir las condiciones establecidas, Bulgaria, Rumanía y Chipre. Los acuerdos establecen el fin de los controles fronterizos en los movimientos de ciudadanos de los estados miembros del espacio Schengen y refuerzan y restringen los controles en las fronteras externas al espacio para aquellos/as que pretenden entrar de manera ilegal, en especial, los inmigrantes. Los estados Schengen también se comprometen a armonizar sus normativas migratorias y salvaguardar la seguridad de sus miembros. Dichos objetivos requieren la colaboración especial de los gobiernos, las policias y las judicaturas de los estados Schengen.
La inmigración; el discurso de la derecha y la extrema derecha
Para las economías europeas la aportación de los inmigrantes al PIB de los países de llegada ha sido considerable y muy superior a los gastos que ha ocasionado a las políticas sociales de sus estados. Por otra parte, el contingente poblacional de los inmigrantes cubre necesidades demográficas en muchos países de la UE; con un saldo estanco que augura problemas para sostener el crecimiento en el futuro y para mantener las pensiones de unas poblaciones envejecidas. Así, obviamente, la inmigración debería haber sido acogida de manera positiva, no obstante, no ha sido el caso. El significante “inmigrante” aparecía en el lugar del “chivo expiatorio” sobre el que descargar innumerables frustraciones y violencia de los damnificados derivados de los cambios ocasionados por la globalización y la crisis económica, frente al que reafirmar el narcisismo de las pequeñas diferencias en forma de pertenencia de individuos y de grupos precarizados a la nación, a occidente o al cristianismo.
El creciente rechazo implícito o explícito a los inmigrantes por parte de segmentos cada vez más nutridos de las ciudadanías europeas se inició en la década de los noventa en un período en el que la globalización neoliberal se expandía: el Partido Nacional de Le Pen en Francia y el Partido Liberal de Austría obtenían notables reditos electorales promoviendo un combinado de nacionalismo y de xenofóbia que penetraba entre la ciudadanía, asimismo, en la Alemanía unificada se producían periódicos incidentes de la extema derecha contra los inmigrantes. Los primeros síntomas reactivos a la crisis del Estado del Bienestar y los valores de la coalición social y política que lo sustentaba se manifestaban por esta vía. En la primera década del nuevo milenio antes de estallar la crisis económica Holanda, Italia, Polonia y Dinamarca, mostraban dichos síntomas; crecían notablemente los partidos de la extrema derecha que junto a los citados componentes xenófobos y nacionalistas inducían un fuerte rechazo a los inmigrantes de religión islámica, contrapuesto a occidental y crístiano, curiosamente, combinados con un fuerte discurso hostil al europeismo y ello hasta el punto de lograr formar parte de coaliciones de gobierno que indirectamente “normalizaban” semejantes pre-juicios. La crisis económica ha consolidado dicha dinámica en estos países y la ha potenciado en otros como Hungría, Suecia, Gran Bretaña y Finlandia, en los que la extrema derecha ha crecido de manera notable, asociada con el discurso hostil al europeísmo, nacionalismo, xenofobia y al antiislamismo, cuajando asimismo en amplios segmentos de sus ciudadanías.
Durante este proceso la pujante extrema derecha ha aventado este discurso y la renovada derecha liberal y conservadora, gobernante en ventitres de los ventisiete estados de la UE, ha recogido los frutos. Para la renovada derecha, de manera progresiva, el discurso ha contribuído a socavar los valores solidarios y garantistas de la cultura política heredera del antifascismo y del pacto social keynesiano y su cultura universalista del bienestar. Para la nueva derecha europea, sin aparente responsabilidad en la autoría del discurso nacionalista-xenófobo que estigmatiza a los inmigrantes lanzado por la extrema derecha, se abría una vía para que el conservadurismo-neoliberal penetrase en amplios segmentos de los asalariados y de las “clases medias”, castigados por la globalización neoliberal y por la crisis económica, desviando entre los afectados el potencial conflicto social respecto de su causa y de sus responsables últimos.
Por otra parte, para los elites ricas de los estados del Norte de la UE, en cuanto los efectos de la crisis económica se han manifestado como crisis de la deuda pública de los estados agrupados bajo el apelativo de PIIGS, el dispositivo del chivo expiatorio aplicado a los inmigrantes no tenía más que ampliar su extensión a los “morenos”, “perezosos” y “aprovechados” ciudadanos de tales países. Los medios de comunicación y ciertas autoridades de Finlandia, Holanda, Dinamarca y Alemania se apuntaban a semejante discurso, así hallaban munición para justificar la insolidaridad de sus estados y de la UE y proteger y exculpar a sus fracciones financiero-corporativas. Para la Canciller Merkel la mentalidad y los hábitos de los ciudadanos PIIGS son síndromes culpables del propio dispendio. Mientras tanto, Dinamarca vulnera las normas del espacio Schengen reintroduciendo las fronteras interiores con sus vecinos con el fin de controlar la inmigración ilegal sin que la reacción contraria del Parlamento Europeo tenga fuerza ante el apoyo recibido por el Consejo de la Unión y Francia paralizaba un tren procedente de Italia con inmigrantes tunecios; la insolidaridad con los veinte mil inmigrantes que huían de los conflictos norteafricanos tensaba las relaciones entre los dos estados europeos. Paradójicamente, las poblaciones de Tunez y de Egipto han recibido cientos de miles de refugiados del conflicto libio cuando sufren las muy graves consecuencias económicas y sociales de sus propios procesos de cambio, eso es solidaridad.
¿Qué pasa con las socialdemocracias europeas?
La penetración de discursos y de valores xenófobos, nacionalistas, anti-islámicos y antieuropeos entre importantes segmentos de las tradicionales bases sociales y culturales de las socialdemocracias europeas ha debilitado a las izquierdas políticas, sociales y culturales. Mientras tanto, las socialdemocracias europeas de cada vez más se han mostrado dispuestas a abandonar sus valores y su arraigo entre las clases populares en favor de la magnificada gestión experta, pospolítica y posclasista, presuntamente neutral y necesaria para realizar políticas “rigurosas” y “responsables”, cuyo origen reside en el discurso neoliberal que, supuestamente, les permitiría pescar votos en los caladeros del centro y el centro-derecha, razón por la que una disputa ideológica en torno al estatus de la inmigración les alejaba del objetivo de omologar su nueva imagen de agentes posmodernos de la política.
En la UE, la “Tercera Vía” entre la socialdemocracia clásica y el neoliberalismo-conservador en sus distintas versiones pretendía ofrecer un carácter humanista-social a la globalización financiarizada. Dicha estrategia fue asimilada por activa o pasiva por los partidos socialdemócratas y sus amplios círculos de profesionales y de gestores buscando reconocimiento de las élites europeas de poder económico y mediático, lo que se asociaba a la cooptación de sus conspicuos representantes a importantes funciones en el sistema financiero-corporativo o institucional y al logro de pingües remuneraciones y privilegios. Sin embargo, la profundización en la globalización neoliberal financiarizada y la posterior crisis económica agotaron una a una las diversas versiones de la “Tercera Vía” al tiempo que mermaban su espacio electoral. La socialdemocracia ha quedado sin política. La alternancia en el Gobierno y la disputa entre derecha e izquierda parlamentaria en los estados de la UE han perdido su carácter agonístico. En este contexto de cierre del discurso político sólo se plantean variaciones sobre la “única política posible”, la neoliberal.
Democracia y solidaridad en la Unión Europea
Los límites que el gran capital financiero-corporativo europeo y las instituciones europeas de las que se sirve imponen a la gestión política en los diversos estados se fijan desde sus plataformas económicas e institucionales europeas ajenas al control democrático. Mientras, las vivencias, los problemas, las inquietudes y las aspiraciones ciudadanas permanecen alejados y ajenos de los verdaderos centros de decisión económicos y políticos. En estas circunstancias, en aquellos países europeos en los que la riqueza y el Estado social permiten a los asalariados, amparados en sus derechos sociales heredados y sus sindicatos corporativos, disfrutar de estándares de vida no cuestionados –aunque en deterioro progresivo, se aferran y recluyen en sus “seguridades” percibiendo a los asalariados de los países europeos en crisis como peligros, adoptando actitudes de recelo respecto de ellos, cuando no insolidarias, asimilando la propaganda de la derecha que acusa a los que sufren más las consecuencias de la crisis econímica de trabajar poco y ser una carga para los ciudadanos de las economías ricas que con sus impuestos financian sus “fiestas”.
El cierrre del universo del discurso político institucional entre derecha e izquierda en los estados de la Unión Europea, la pesada carga de las consecuencias de la crisis económica sobre los asalariados y ciudadanos de los países más afectados por la misma y la penetración de discursos nacionalistas y xenófobos entre las ciudadanías, han desencadenado respuestas políticas desinstitucionalizadas en las calles y plazas que muestran una realidad social completamente diferente de la que proclama el discurso hegemónico unidimensional que difunden los medios de comunicación de masas. El contrapunto democrático a la proclamada gobernanza experta de la UE desde arriba y a la imposición de planes de estabilización de sus estados ricos son las repetidas huelgas generales en Grecia, las movilizaciones de trabajadores en Portugal, las grandes movilizaciones en Irlanda, los movimientos de los ciudadanos indignados en España, las manifestaciones de estudiantes en Londres o las huelgas generales en Francia.
Acotación.
Parece que la construcción europea hace tiempo que enfiló un lento proceso de implosión que la crisis económica ha activado, sobre las contradicciones del cual sus mismas elites dirigentes son inconscientes y sus ciudadanías permanecen inanes, a la intemperie de sus consecuencias. Mientras tanto, como reza el credo neoliberal, cada uno se afana en la defensa de su interés paricular, pero, contra lo que promete, no ganan todos, cada vez hay más dannificados y quizás lleguen a ser tantos y estén tan cabreados que ya no sea posible mantener algo llamado Unión Europea.
¡Democracia real, ya¡
jueves, 14 de julio de 2011
MEDIMIGRA
Las migraciones no son una cuestión más en la sociedad globalizada; en buena medida se han constituido en uno de los ejes centrales de las relaciones sociales, económicas, políticas y jurídicas desde el último tercio del siglo pasado. Basta una mirada a los medios de comunicación, a las sesiones de los parlamentos nacionales y supraestatales para constatarlo; el mundo académico también ha establecido su estudio como una de sus prioridades. Primero fueron la geografía, la sociología, el derecho y la economía; pero la centralidad del proceso ha terminado por incluir muchas más disciplinas; desde las que reflexionan sobre la importancia que tiene en los cambios de categorías tales como ciudadanía, identidad, reconocimiento, alteridad (con la antropología, la psicología "transcultural", la politología y la Filosofía Práctica) hasta las disciplinas aplicadas cuya necesidad acuciante de entender y afrontar los nuevos retos les ha empujado a volcarse en el estudio y el análisis de todo lo concerniente a la migración (con el trabajo social, la enseñanza, la gestión pública, el urbanismo o el periodismo y la comunicación entre ellos).
En 2005 un pequeño grupo de profesores de la Universitat Jaume I de Castelló, encabezados por Dr. Andrés Piqueras, asumió la interesante y necesaria tarea de establecer un marco de intercambio, coordinación y mejor aprovechamiento de esos estudios a nivel del Estado Español: para empezar. Primero con las universidades e institutos del arco mediterráneo de la Península y las Baleares; ahora ya con una mayor extensión: investigadores de universidades francesas, marroquíes, e investigadores no españoles en universidades españolas. El resultado fue Mediterrània Migrant, Medimigra, una red cuya vocación no era sólo la de constituir un punto de encuentro interdisciplinario de estudio sobre migraciones en el Mediterráneo, sino también la de servir de vehículo de contacto y colaboración entre las cuatro orillas de un área geopolítica en la que las fronteras y las regulaciones migratorias han venido a menudo a incrementar la segmentación, la ruptura y las desigualdades comparativas. De académica, su intención han pasado a ser, por tanto, también política en la acepción más noble y profunda del término. A los trabajos conjuntos, los intercambios y los proyectos, sin embargo, había que añadir necesariamente unos hitos que señalasen las grandes líneas de trabajo, por una parte, y permitiesen la máxima apertura e información hacia las sociedades implicadas, por otra: de ahí surgió la idea de las jornadas, Las primeras, celebradas en 2006 en la Universidad Jaume 1 er de Castelló, tuvieron como objetivo asentar las bases de la red y situar el estado inicial de la cuestión en el Mediterráneo, afrontando su contextualización internacional e insistiendo en sus diversos niveles y ámbitos (Mercado de Trabajo, Identidad, organización social e integración) La publicación Mediterránea Migrant: I Jornades MEDIMIGRA, (Piqueras A,. Jimenez, N, Soto, G. (Edtres) 2007, Universitat Jaume I, Castelló) da fe de los trabajos. Las Segundas tuvieron lugar en Octubre de 2009, en la Universidad de Murcia. Los resultados del intercambio anterior se ilustran en el título general: II Jornadas Mediterráneo Migrante (MEDIMIGRA): tres décadas de flujos migratorios. De hecho, lo que hasta los 80 era más un ámbito de paso o de instalación migratoria provisional, ya se muestra como espacio específico de circulación, construcción y generación de relaciones fuertemente vinculadas a las migraciones. Los nombres de las mesas de trabajo muestran más específicamente ese cambio y esa necesidad de afrontar nuevas tareas, porque nuevos son los resultados sociales: la especificidad de los flujos migratorios en el Mediterráneo; las nuevas configuraciones de los mercados de trabajo; las formas en las que las relaciones sociales, y familiares en su forma más específica, se establecen en los espacios de instalación y cómo se cambian en los de origen y en los intermedios; las nuevas políticas migratorias y su determinación de la ciudadanía formal y la efectiva; cómo se produce, en la práctica, la incorporación de la migración a la convivencia y a la participación sociales. Ahora, instalados aún en la crisis económica, pero sobre todo en los efectos constatables y previsibles de su percepción, su interpretación y de los cambios jurídicos y políticos que se han establecido, el objeto de las III jornadas no puede sino enmarcarse en ese contexto. La Universidad de las Islas Baleares, en buena medida un gran laboratorio de observación de muchos de esos procesos y dinámicas (un sociedad turística en la que la circulación de diversas formas y procedencias de migración se articula con movimientos poblacionales turísticos y residenciales) acoge este encuentro que debe ayudarnos a sintetizar y prever los nuevos escenarios que se derivarán de la situación actual.
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